Los descubrimientos logrados desde la Ilustración, gracias a la contemplación hacia la naturaleza, fueron plasmados de manera escrita en forma de obras literarias o libros. Mientras una obra estuvo en poder de su autor, aún sin publicar, no existió en éste la preocupación por protegerla y proteger sus derechos sobre ella. En este sentido, el derecho de autor no tuvo importancia, pero cuando una creación intelectual se encontró a expensas en la sociedad, este derecho se volvió relevante. El plagio no es un fenómeno que haya surgido en la época contemporánea, pues desde la Ilustración fue necesario amparar el derecho de autor, debido a la proliferación de la obra de grandes filósofos, escritores y científicos.

Así, la primera ley de derecho de autor de que se tiene conocimiento es el Estatuto de la Reina Ana, que fue promulgado por el Parlamento Británico en 1709. Paulatinamente, el derecho de autor se fue expandiendo hacia otros países. Este estatuto promovió la competencia entre editores, evitando con ello los monopolios y reconociendo en el autor al titular del derecho para autorizar la realización de copias y elegir editor. Esta ley otorgaba a los editores el privilegio de producir y distribuir obras durante un periodo de tiempo. Pasado este lapso, el autor podía elegir otro, pero su obra tenía que estar registrada para proceder por daños y perjuicios en contra de un supuesto infractor.

Se considera al Estatuto de la Reina Ana como el antecedente del copyright empleado en Inglaterra y Estados Unidos, así como en los países miembros de la Commonwealth, a la que pertenece Gran Bretaña. Es el primer documento legal que se estableció en el mundo y en ese país para proteger a los autores. Apareció con la finalidad de fomentar el arte, la literatura y la ciencia, para lo cual era necesario que los autores obtuvieran los beneficios de la impresión y la difusión de sus propias obras.

Los autores que se ubican en el campo del derecho de autor, son los creadores de obras artísticas, literarias y científicas, así como de programas de cómputo u otras creaciones similares. Para diseñar un derecho de autor como un conjunto de prerrogativas establecidas en favor de los creadores, en México se implantó la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), porque era necesario proteger el “producto del intelecto humano como un derecho que se adquiere”.

Así, el conjunto de atribuciones que son reconocidas por la LFDA, son las otorgadas a los creadores de obras intelectuales expresadas por medio de “la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete o cualquier otro medio de comunicación”.

En su artículo 11, la Ley Federal del Derecho de Autor define el derecho de autor, como:

el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.

El derecho de autor se divide en dos tipos de prerrogativas para los creadores: los derechos morales y los derechos patrimoniales. El derecho moral reconoce a un creador como “único, primigenio y perpetuo titular” de una obra en la que haya plasmado su creatividad, mientras que el derecho patrimonial tiene por función proteger las retribuciones a que se haya hecho acreedor por la explotación, la ejecución y el uso de su obra en forma lucrativa.